Intervención del Diputado Aníbal Ibarra

Síntesis de lo expresado por los Diputados del Bloque Diálogo por Buenos Aires en la sesión del 30 de junio a la que concurrió el Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Diputado Aníbal Ibarra:

Voy a tratar de ser breve, dado el tiempo utilizado.

Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una precisión sobre lo que señaló el diputado Epszteyn. En el Fondo de Infraestructura Social, por el que se pide endeudamiento, hay 60 millones de pesos previstos para los hospitales Borda y Moyano. En definitiva, nos estamos endeudando para hacer obras que ustedes dicen, por otro lado, que no van a realizar.

Voy a hacer una segunda referencia que también se mencionó respecto del crédito puente de 200 millones de dólares, por el que están pidiendo autorización para endeudar a la Ciudad directamente con el consorcio bancario: como señaló el diputado Epszteyn, o fue casualidad, o tenía alguna referencia de que se iba a pedir el crédito puente, y de allí la baja comisión ofertada. Esto tiene explicación en el marco internacional sólo si un Gobierno está “ahorcado” y necesita esos recursos indefectiblemente y no puede esperar a la emisión de los bonos. Quisiera que me diga cuáles son las obras que tiene la Ciudad de Buenos Aires para salir a ejecutar esto; qué no puede hacer porque le faltan 600 millones de pesos. Porque, por lo menos, necesitaríamos el detalle de esas obras para poder analizar seriamente si se sale a pedir un crédito puente con las tasas que hoy existen en el mercado.

Por último, quiero referirme a una contratación directa que hizo el Gobierno de la Ciudad, por un servicio de alrededor de 50 millones de pesos. Me estoy refiriendo al sistema de las fotomultas. Este sistema está vencido desde junio de 2006 y se habían terminado las prórrogas. Hay un dictamen del Procurador General de la Ciudad, de fecha 6 de diciembre de 2007, que hace referencia a la extinción de ese contrato y, por lo tanto, a la necesidad de recuperar los bienes, que es lo que establece el pliego de condiciones generales para cuando se extingue el contrato. Y, por si alguna duda quedaba, esta administración lo dejó de lado públicamente –se enteró todo el mundo–, en enero de este año. Entonces, se trata de un contrato vencido desde 2006; extinguido, según el Procurador mediante dictamen de fecha 6 de diciembre, y dejado de lado por este Gobierno.

No hay ningún motivo, salvo la contratación directa, que justifique la nueva contratación; ya no quedan vínculos: sólo hay un debe y un haber; un “quién paga a quién”. Sin embargo, esta administración, después de esa situación, frente a un contrato terminado por 50 millones de pesos, valorizándolo en el año y medio que establecieron, contrata en forma directa. ¿Cuál es el argumento que ponen en el decreto? Que se trata de un servicio público y que está incorporado en la Ley 210; que esta Legislatura lo incorporó a la Ley 210, que es donde figura lo que controla el Ente Regulador de Servicios Públicos.

La verdad –permítaseme–, esto es un disparate. Porque el hecho de que a los fines del control esté considerado dentro de la Ley 210 no implica que el Gobierno lo deba mantener, ni sostener, ni ejecutar. En absoluto. También está allí dentro el peaje, y no por eso el Gobierno debe obligatoriamente mantener el peaje. Incluso, podría decidir no tenerlo de un día para el otro. Con lo cual ese argumento es absolutamente falso. Sin embargo, es el que ponen para adjudicar directamente a estas empresas después de terminado el contrato.

Pero yo escuché, y lo dijo usted, que “ahora le exigen 50 por ciento de infracciones leves y 50 por ciento de infracciones graves”. ¡Suena bárbaro! Lo dijo usted recién, y salió en todos los medios. Pero esto no es así: esto es falso. Y tengo el acta acuerdo. Fíjense: para las empresas, el financiamiento viene con lo que es fácil: mal estacionamiento en los barrios. Allí se financian y ganan. Lo demás es un bonus track: las infracciones graves.

¿Cuál es el “número mágico” para las empresas? Setenta y cinco mil infracciones. Setenta y cinco mil infracciones por mal estacionamiento: con eso se financian y ganan. ¿Qué dice el acta acuerdo? Dice que el tope máximo mensual de infracciones a labrar se establece en 300 mil; y que “no se admitirá” –lo dice casi con dureza– el registro de faltas leves cuando su número mensual exceda el 50 por ciento. ¿Cuánto es? Ciento cincuenta mil. Las que necesitan las empresas para financiarse.

Les puedo sugerir, si todavía quieren ser más “severos”, imponer un tope de 25 por ciento por infracciones leves. Eso sí: súbanles a 600 mil infracciones; las empresas van a estar contentas.

Entonces, no se trata de que “además” tienen que hacer un 50 por ciento de infracciones graves, como usted dijo; eso es falso. Fíjese la redacción; dice que “las empresas deberán destinar prioritariamente el 50 por ciento de los recursos técnicos desplegados a la detección de infracciones graves”. Con lo cual la autorizan a hacer 150 mil leves, y les piden que “hagan un esfuerzo” por detectar graves. No les indicaron que, de todas las que hagan, tiene que haber un 50 por ciento leves y un 50 por ciento graves, con lo cual pueden hacer 180 mil, 150 mil leves y 30 mil graves. Las empresas van a decir que “hicieron un esfuerzo”, pero que no detectaron más.

Esto es un negocio asegurado para las empresas a las que, con ese número, les dan lo que ellas necesitan.

Pero, además, quiero hacer otra pregunta. Aparece algo sorprendente e inexplicable, y le pediría al señor Jefe de Gabinete que me lo explicara. Resulta que ese total de 300 mil infracciones no se divide como se dividió hasta aquí y ahora, 50 por ciento y 50 por ciento. Desde que comenzó este contrato, antes del año 2000, era 50 y 50. ¿Qué dice el acta-acuerdo? Si el Jefe de Gabinete no la tiene a mano, puedo facilitársela. Dice: “Se distribuirá entre las empresas 60 por ciento para el grupo liderado por Meller y 40 por ciento para el grupo liderado por Siemens”. Entonces, en un contrato de 50 millones de pesos, ¿por qué la empresa Siemens deja 10 millones? ¿Por qué se le da el 60 por ciento a Meller? ¿Sabe qué dice el acuerdo para fundamentarlo? Que es “por el parque automotor y las diferencias en las zonas que le tocan”. La verdad es que esto resulta menos serio que el argumento de los servicios públicos. Porque el parque automotor de la Ciudad de Buenos Aires permite duplicar y, si se quiere, hacer 600 mil infracciones; les da para hacerlo.

Casualmente, en la noticia del diario La Nación a la que el Jefe de Gabinete se refirió, se mencionan las fotomultas; si bien toman un período breve, resulta que Siemens hizo 30 mil, mientras que Meller hizo 25 mil. En consecuencia, pareciera que en el parque automotor las cosas ocurren al revés de lo que dice el contrato. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Leí una declaración del CEO de Siemens. Ha dicho: “Siemens adoptó la política de abandonar todos los negocios donde se solicitan cosas reñidas con las normas de la empresa.” Todos sabemos que Siemens tiene controles estrictísimos en materia nacional e internacional, por los escándalos de corrupción en los que se vio sumido en el exterior y en la Argentina. Entonces, sus cuentas están controladas por todos los costados. Que yo sepa, Meller no está en esta situación. Entonces, para no llegar a malas conclusiones, quisiera saber cuál es el argumento por el cual de la adjudicación directa de ese contrato de 50 millones de pesos, se le da el 60 por ciento a una firma y el 40 por ciento a otra.

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